Estadística de los conventos de vida regular en España

El número de religiosos en España a principios del siglo XIX era notable. En 1768, había 22.405 religiosos, y ante la consideración de que su número es excesivo y no favorecía la observancia, se postula desde el gobierno, que su número quede limitado a sólo 16.823, tope que se estuvo a punto de alcanzar (p. 19).

Ya en vísperas de la exclaustración, se había limitado el número de novicios, como medida la más tajante de yugular el acceso de nuevos miembros a las respectivas diferentes órdenes regulares, que veían así mermada de pronto su presencia en la sociedad española. Y es que el número de novicios había llegado a constituir el 25% de los miembros, en la mayoría de las órdenes y congregaciones.

En ese sentido, es oportuno apuntar que ya los franciscanos, a principios del XVIII, habían valorado el perjuicio que infería a su Orden una cantidad excesiva en el conjunto regular. (19). Pero sólo en el sur de España, los mendicantes mantenían una notable concentración de conventos. (20).

En 1835, de 1940 conventos, 902 superaban los 12 religiosos por comunidad, que era el número mínimo de religiosos establecido por el concilio de Trento para que se pudiera constituir un convento (20-21).

Así las cosas, y a falta de mejores razones, el anticlericalismo liberal, alega entonces, para justificar la persecución religiosa de los frailes, que hay que acabar con tanto convento sera como sea. Y en ese clima revolucionario, el motín anticlerical que estalla en Madrid, el 17 de julio de 1834, es la espoleta que propaga el fragoroso incendio, de asesinato en asesinato, por otros lugares de la geografía, como Aragón, durante el verano inmediato. (191)

El levantamiento carlista

El levantamiento carlista de 1834 en las provincias vasco-navarras, desata una guerra enconada y sus caudillos campan a sus respetos, recorriendo ”impunes, al mando de Carnicer y Cabrera las tierras del bajo Aragón”, al tiempo que el azote de la cólera se extiende por todo el solar hispano. (193)

El padre General de la Orden francisana ordena que, durante nueve días, se eleven preces al cielo, se hagan rogativas y se reciten las letanías para impetrar de Dios que detenga el avance de tan pestífera sombra. (194).

Los religiosos, sabedores de las urgencias de su ministerio, van de aquí para allá, de calle en calle, administrando los sacramentos, ayudando a bien morir a cuantos lo solicitan y consolando a las familias afectadas; el sonido constante de las campanillas que acompañan al viático es un anuncio persistente del trajín interminable. (199).

Todo parece indicar que los liberales, con tal de derrotar al absolutismo, se valen incluso de las sociedades secretas, añadiendo a su ideario el ingrediente del anticlericalismo, exacerbado por el apoyo que los religiosos, no sin molestas excepciones, tributan al levantamiento carlista. (200).

En el año 1835, llega a su punto culminante la insurrección liberal. En su intento por derribar el gobierno moderado, confluyen los procuradores progresistas y la rebelión popular y parece que en dicha confluencia las sociedades secretas juegan un papel primordial.

Fachada de la iglesia de San Francisco de Teruel durante la exclaustración motivada por la desamortización de Mendizabal.

Falla el intento de Cardero en Madrid, y se opta por proceder a un mismo tiempo en toda España, con el doble objetivo de doblegar al gobierno y preparar la supresión de las órdenes religiosas.

Motín de Zaragoza

En Zaragoza, el primer motín ocurre el día 3 de abril, dirigido contra el arzobispo Francés Caballero, que había mostrado sus reservas contra algunos clérigos liberales. El capitán general, al frente de la Milicia Urbana, impide el asalto al palacio arzobispal, lo que desvía a la masa a la quema de iglesias, como la de San Diego, donde se asesina a dos frailes, y por la calle, y a un hermano lego franciscano, entre otros asesinatos.

El día 5, arrecia la rebelión y allanan varios conventos dando muerte a 15 religiosos, lo que mueve al gobernador a que los religiosos salgan de sus conventos, para evitar más atropellos. (281 y ss)

La situación obliga a los religiosos a vivir, más bien recluidos, temerosos de nuevos rebrotes de la furia popular, espaciando por cautela las salidas al exterior de sus conventos, ya que se les considera personas afectas al carlismo, que en todo caso les protege. (241)

Creciente clima revolucionario

En todo caso, prosiguen las disposiciones legislativas contra los religiosos, con la sustitución de los ministros moderados, como Martínez de la Rosa y Toreno, por progresistas tan declarados como Mendizábal, que no duda en ir más allá de la reforma parcial de los religiosos regulares, establecida por la Junta Eclesiástica, a orillas de la revolución de 1835 en Aragón, clima óptimo para la supresión de las órdenes religiosas (242).

El desorden va en aumento. El clima de guerra civil, con el descrédito del ejército isabelino ante el avance carlista, que además del norte, ocupa amplias zonas del bajo Aragón y la zona norte de Cataluña, llega a su punto más alto con el tono revolucionario que tiñe la saña popular, con la creciente radicalización de las opciones políticas.

La presidencia del conde de Toreno marca la época de mayor efervescencia de la vehemencia revolucionaria.

El conde de Toreno

El acoso popular, obliga a Martínez de la Rosa a dimitir, lo que propicia la caída de los demás ministros, salvo Toreno, que se muestra incapaz de acallar los tumultos callejeros y la indisciplina, a pesar de las juntas populares, no siempre de cariz moderado (304 ss).

En esa confusión, la bandera del anticlericalismo se alza como motivo de coincidencia de unos y otros, desde la fementida esperanza de que la extinción de los frailes, presentados como carlistas de retaguardia, removería los motivos del caos y equilibraría la humillación por las derrotas sin cuento ante las tropas carlistas en el verdadero frente de batalla. Era el chivo propiciatorio de la colérica impotencia. ¡Qué bajo caía así las pretendida eminencia de la lucha por las luces y la libertad!

Fruto de las concesiones con que Toreno tratan de calmar los impulsos revolucionarios del país, y los manejos de la Junta Eclesiástica, son la supresión de los conventos que no llegaran a 12 miembros por casa, 900 comunidades en total, proyecto que venía gestándose p`por el anterior ministerio de Martínez de la Rosa.

La comunidad de Teruel fue siempre numerosa, por lo que, de momento, no caía en el decreto supresor, que justificaba su mentido propósito en la dificultad de mantener la disciplina conventual, con la consiguiente relajación.

La junta eclesiástica

La Junta recelaba por igual del número excesivo de conventos y de religiosos por comunidad, junto a lo anteriormente expuesto, y esgrimía como justificante, no sin cierto cinismo,“el celo de los reyes de España, el reino junto con las cortes y aun el de la Santa Sede”.

La ley lleva condigo la incautación de todos los bienes disponibles, y sólo si la iglesia es parroquial, pasaría al clero diocesano.

Entrado el mes de agosto, la junta extiende su área de acción a todo Aragón, y con ello propicia la supresión de conventos, de modo que a finales de mes, los órdenes gubernativas llegaban también a la provincia de Teruel, donde, por otra parte, la mayoría de religiosos ya habían quedado exclaustrados en agosto de 1835.

Muchos religiosos, a lo largo de todo el país, se ven obligados a vivir en la más absoluta indigencia, mientras los más favorecidos son acogidos en sus casas familiares o consiguen trasladarse a Tierra Santa o tierras de misión.

Juan Álvarez Mendizábal

En plena efervescencia, accede al ministerio de Hacienda la figura aciaga de Juan Álvarez Mendizábal.

Llega a España, entre los aplausos del bando liberal, a primeros de septiembre, como persona experta en finanzas, capaz de sacar a España del atolladero económico en que la han sumido la peste y la guerra. Muy pronto encabeza un ministerio de gente dócil el 14 de dicho mes, en 1835, con Martín de los Heros, Gómez Becerra y el conde de Almódovar, que se plegarán servilmente a su proyecto desamortizador. Obtiene el voto de confianza que le deja las manos libres para hacer y deshacer los problemas de Hacienda y resuelve proceder de inmediato a la exclaustración de todo los religiosos aún existentes e incautación de sus bienes, mediante un decreto cursado el 11 de octubre de 1835.

Decreto del 8 de marzo de 1836

La reina Isabel II firma la ley desamortizadora el 16 de enero. Y disueltas las cortes, pocos días después, no sin antes convertir en Ley el decreto, Mendizábal puede ejercer sin obstáculos las medidas económicas que se necesitan para mantener en pie un ejército de 100.000 soldados. El 19 de febrero se procede, mediante decreto, a incautarse de los bienes de los conventos ya suprimidos. Pero en realidad, lo que está haciendo Mendizábal es rematar lo que poco a poco habían venido haciendo ministerios anteriores.

Manuel Becerra, sin embargo, siente la fingida necesidad de justificar el decreto desamortizador de marzo, aduciendo como razones que esas comunidades que van a desaparecer, coma las ya suprimidas, si bien en tiempos encerraron el saber y el servicio a los demás, con el tiempo habían caído en la más completa inutilidad, además de la urgencia contraída por Hacienda de subvenir a las imperiosas necesidades económicas que estaban estrangulando al Estado.

Para facilitar el expolio, se dan atribuciones a las autoridades locales para llevarlo a cabo y dar a los edificios incautados el fin que estimen más adecuado, lo que permitió abusos de toda índole. Es el caso de nuestro convento de Teruel, que queda en manos de la autoridad local y que lo arrendaría a terceros, como almacén de maderas, ocupación que que contribuiría al creciente deterioro de la iglesia; el convento, abandonado, acaba en ruinas irrecuperables.

El día 8 de mayo, la junta diocesana de Teruel comunica a Madrid el cierre total de todos los conventos de la ciudad y provincia; la de Albarracín lo hace días después (AHS, Cons. legajo 12.052, nº. 167).

Para todo este estudio, véase la obra de M. Manuel Revuelta, La exclaustración, BAC, Madrid, 1976.

Pueden consultarse también las siguientes obras: P. León Amorós, Estadística de los conventos religiosos, en 1768 (AIA),1956, y P. J. Mesegur Fernández, Registro de los Comisarios Apostólicos de la Orden franciscana (1838-1884), AIA (1964) y (1965), citadas ya por Manuel Revuelta.

Religiosos exclaustrados

(Cf. P. Juan Meseguer Fernández, Registro de los comisarios apostólicos de la Orden franciscana (1838-1864 )AIA, 1964, nº 96, p. 47, y AIA, 1965, nº97, p.61-113).

No es fácil rehacer la historia de la exclaustración, porque deshecha la provincia y dispersos los religiosos, no hay otra vía localizarlos por las cartas que hayan dejado o documentos que hablen de algunos de ellos. Son por eso escasas las noticias concretas que se tienen sobre ellos en lo que fue provincia franciscana de Aragón. Parece que el convento de Santi Quaranta, en Italia, perteneciente a la Provincia valenciana de San Juan Bautista, fue uno de los lugares de acogida en que hallaron la suya hermanos. Otros lugares de acogida fueron, igualmente, Tierra Santa y las Islas Filipinas, hasta la exclaustración de estas islas, fecha en que los misioneros se trasladarse a China.

En Santi Quaranta, residen los PP. Miguel Salvador, que obtienen patente de predicador, y el P. Orencio Calvo, en 1845.

En abril de 1845, se nombra predicador y confesor a los PP. Pablo Bastarrás, Miguel Salvador y Vicente Calvo. Y el 27 de julio del mismo año, se instituye confesor y predicador al P. Pablo Cantín.

El 18 de diciembre de 1848, obtiene licencia de reservados y confesarse fuera de la Orden a los PP. Miguel Uliaque y Benito Lope.

Ell P. José Martínez, lector jubilado, adquiere patente de confesor de monjas, el día 2 de agosto de 1850. Y un año después, el día 19 de agosto de 1851, el P. Mariano López obtiene licencia para confesar monjas.

El P. Pablo Cantín, que ya se había nombrado confesor y predicador, y el Manuel García obtienen licencia de confesores de monjas, el 27 de febrero de 1853, y el 12 de mayo , se instituye al P. Pascual Gonzalvo comisario provincial.

Dos años después, el P. Sixto Escudero, en el día 30 de mayo de 1855, obtiene licencia de predicar, confesar monjas y reservados, y mientras dure la exclaustración, confesarse fuera.

En 1859, se nombra comisario provincial al P. Dionisio Soria, para suceder al P. Antonio Júlbez, que había vivido ejerciendo el mismo cargo hasta su muerte.

Y por semejante motivo, el día 10 de febrero de 1859, el P. Antonio Soria recibe patente de comisario provincial, por muerte del P. Dionisio Ortiz.

Difícil debió de resultar la obra de tales comisarios, desde Italia, por las dificultades inherentes ala misma exclaustración, al momento de establecer lazos comunicativos con unos y otros, a las que hay que añadir las reservas políticas, simpatizantes la mayoría con D. Carlos, como en general el resto del clero español (Vide Juan Meseguer, obra citada, 96, pág. 443).

Los comisarios fijan su residencia en Roma, y sus visitas a España no debieron menudear. En realidad, tenían mermadas las facultades propias de su oficio, al no poder llevar a cabo su cometido en tan difíciles circunstancias.. En ocasiones se les prohíbe que abran casas donde recibir novicios y profesión, para evitar contrariedades mayores.

En cuanto a los demás religiosos, quedaban todos obligados a cumplir como tales, en calidad de regulares circunstancialmente exclaustrados, sin exención del cumplimiento de los votos, de modo que, puesto que no podían menos de usar dinero, les quedaba prohibido adquirir propiedad ni recibir beneficios eclesiásticos, dispuestos en todo caso a regresar a sus conventos en cuanto las circunstancias lo permitieran.

El convento de San Francisco y la exclaustración

La exclaustración y desamortización de los bienes de las órdenes religiosas en la provincia de Teruel, ha sido estudiada de manera más concreta por Carmen Lozano, en Encuentro sobre historia contemporánea de las tierras turolenses, Villarluengo, 8-10 de junio de 1984, de quien tomamos los datos que nos interesan.

Recuerda cómo para la desamortización de fincas y otras propiedades, Aragón fue dividida, en 1821 en cuatro provincias: Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud, una división que permanecería vigente hasta 1833, en que Calatayud queda excluida de tal privilegio.

Carmen Lozano estudia los decretos desarmortizadores, el proceso consiguiente y la desamortización en la provincia de Teruel durante el trienio1820 - 1823, aduciendo un largo listado de fincas y propiedades desarmotizadas y los lugares en que quedan localizadas dichas fincas.

En principio, llama la atención que al nombrar los conventos desamortizados de la misma ciudad de Teruel, como el de los Carmelitas Calzados, Trinitarios Calzados, Dominicos y Mercedarios, no se haga mención alguna de otros, como el de los Trinitarios o los Jesuitas y del Convento e Iglesia de San Francisco. Pero todo queda aclarado cuando advertimos que los documentos consultados por la investigadora se limitan a reseñar los bienes desarmotizados y puestos en venta, y ocurre que nuestro convento, y algo parecido habría que decir de los restantes omitidos, pasa muy pronto a usos municipales, para lo que el Ayuntamiento, con fecha del “14 de febrero de 1859, había solicitado y obtiene al punto del Ministerio de Gobernación, “la excepción de venta, entre otras fincas, excepto la iglesia que le había sido otorgada, previa la tramitación oportuna, por orden de la Regencia de 26 de Agosto de 1870, como edificios destinados al servicio público”, según consta en documento que guarda nuestro archivo conventual, donde se alega la conveniencia de que se conserve el templo “para librarlo de la ruina, de modo que quede debidamente restaurado, dado su valor artístico, que confirman el Ayuntamiento, el obispado y la Real Academia de Historia”.

Es fácil comprender el interés de anexionarse una y otra propiedad y destino que se da al convento, si se tiene en cuenta que los encargados de los expedientes de las subastas, como hace notar también Carmen Lozano, fueran los jueces de primera instancia locales. En nuestro caso, deducimos que los jueces, a quien correspondía, una vez tasada la finca por los peritos, dar publicidad la subasta, prefirieron darle un destino cuya carencia había que remediar.

En 1822 habían salido ya a subasta los conventos de Santo Domingo y de la Merced; el primero cubría una extensión de 39 hectáreas, y 7 el de la Merced, que reportaron en su venta 365.072 y 95.662 reales de vellón respectivamente. Las fincas pertenecientes al convento de Santo Domingo comprendía 8 heredades, 1 huerto, 1 horno y 1 granero, que fueron tasadas en 365.072 reales de vellón. El de la Merced, 17 heredades y 1 horno, tasadas en 95.662 reales.

Francisco Zaragoza, en La Desamortización de Madoz en la provincia de Teruel durante el Bienio Progresista, en Encuentro, Villarluengo, 1984, incluye otros datos complementarios sobre el valor de fincas pignoradas por la ley desamortizadora de 1 de mayo de 1855, y entre ellos figura la tasa del Convento de los Padres Capuchinos de Teruel, que se eleva a 315.000 reales de vellón, sin especificar las propiedades comprendidas. Se trata, sin duda del convento capuchino que queda a las afueras de la ciudad, junto al río Alfambra, ya que hubo otro anterior, situado en el Óvalo, que en la guerra contra los franceses quedó derruido e irrecuperable.

Permuta del convento por escuelas y almacén municipal

El día 21 de junio de 1900, el Ayuntamiento solicita del Ministerio de Gobernación le permita permutar el edificio del convento franciscano con su iglesia, por otro de nueva planta, que quedaría situado en la Ronda 4 de Agosto, hoy de Ambeles, destinado a escuelas de primera enseñanza y almacén municipal.

El ayuntamiento, como se ha dicho, había adquirido en 1844, el Convento de San Francisco, para cárcel del partido judicial, y la iglesia adjunta para almacén municipal.

Se realiza la permuta a cargo de D. Rafael Serrano Abad, el día 4 de agosto de 1900, valorando el proyectado edificio de la Ronda en “ 23.200 pesetas, más del doble de lo que tiene el ex- convento e iglesia”.

El ayuntamiento, a su vez, el día 16 de agosto de 1901, en oficio dirigido al Sr. Eugenio Fortea -que copia para el archivo conventual fray Francisco Molina-, establece en qué condiciones ha de reconstruirse el convento e iglesia, ya en estado ruinoso, estableciendo que “el muro de cerrado del convento” quede a 4 metros de la cuneta del camino, “en la zona de servidumbre del kilómetro 180 de la carretera de Zaragoza”.

En toda la operación de permuta y viabilidad del proyecto, fue decisiva la mediación de D. Antonio Buig, canónigo de la catedral turolense y excelente amigo de los religiosos franciscanos.

Restauración del Convento e Iglesia de San Francisco

Según oficio que copia para el archivo conventual fray Francisco Molina, con fecha de 16 de agosto de 1901, los alcaldes conceden permiso de obras para la restauración del convento, dirigido a D. Eugenio Fortea, donde se establece en qué condiciones se ha de construir, de modo que el muro de cerrado del concento quede a 4 metros de la cuneta del camino, “en la zona de servidumbre del kilómetro de la carretera de Zaragoza”.

Desde el 28 de enero de 1903, figura como superior interino que entiende en toda esta gestión renovadora fray Jaime Salas, eminente investigador y persona de gran prestigio en el mundo cultural del momento. En febrero del mismo año, firma ya como superior fray Agustín de S. Fortea. Sin embargo, en noviembre del mismo año, el alcalde aún dirige un oficio al superior fray Jaime Salas, guardián del convento.

Años después, en 1927, un religioso especificaba que el valor del inmueble ascendía a 4.000 ptas; que el piso superior del convento había estado dedicado a cárcel del Juzgado de Instrucción y la iglesia a almacén de madera y efectos de uso municipal. Del huerto se dice que ocupa una extensión de 3.300 metros.

El 28 de febrero de 1910, el P. Provincial de la Provincia de Valencia, a cuya demarcación queda adscrito el convento, nombra apoderado a D. Germán Peiró Carrión, quien, en nombre de la Orden franciscana, el 28 de febrero de 1910, se dirige al Ministro de Hacienda, con la pretensión de recuperar los bienes raíces con que la Orden, hasta la desarmortización, había venido costeando los gastos de enseñanza de sus colegios establecidos en Teruel y provincia, como los de los pueblos de Hijar, Calamocha, Alcañiz, Manzanera, Mora de Rubielos y Alcorisa. Se alega que dicha enseñanza se impartía gratuitamente, se concedían becas a los alumnos que no podían costear sus estudios superiores, se pagaba a maestros titulados, y se atendía a los pobres. Dichos bienes, que imponían obligaciones y cargas a nombre de sus donantes, devengaban anualmente la cantidad de 7.116,30 reales de vellón.

El documento da, más bien de memoria, los nombres aún recordados de los maestros que en aquellas tristes fechas ejercían en dichos centros; tales como José Herrero (gramática), Espinosa, Antonio Pastor, Nicolás Agnol, Ventura Caballero, y Peralta.

El año 1901, el convento es la parte restaurada que primero ocupan los religiosos, que durante las obras disfrutado del generoso hospedaje del Sr. Obispo en estancias de su palacio. Un año después, se abriría al culto la iglesia.

La restauración se lleva a cabo con miras a abrir un colegio con internado, cuyas normas de disciplina, respecto a los religiosos que han de actuar en él para su mejor gobierno, según la cultura del momento, no están exentas de rigurosidad.

En 1910 es vicario general el P. Fortunato Fernández y provincial el P. Demetrio Moltó

En 1911, figura como morador del convento fray Estanislao Beuler

En 1924, el P. Provincial, fray Luis Fullana, escribe al P. Adolfo Terrado, acompañado del P. Atanasio, para que busquen arreglo con los vecinos Herranz y y allegados, según escrito que ha de leer Pascual Serrano.

En 1925, residen en este convento los PP. fray Adolfo Ferrando y fray Dionisio Jordá.

En 1930, los religiosos fray Eugenio Fortea y Arnau, José Tomás Domínguez y un tercero cuyo nombre no figura, adquieren mediante permuta, un huerto que servía como vivero de árboles silvestres, que mide 900 metros cuadrados de extensión. Ese año, en el mes de noviembre, era nombrado guardián del convento el P. Luis Mestre Ferrer, hombre grave y espiritual, que dedicó gran parte de vida al ejercicio del magisterio y formación religiosa.

Según referencias de religiosos que habitaron este convento, consta que el prestigio alcanzado por el colegio en toda la provincia turolense fue notorio, una de las razones invocadas en vano al momento de intentar restituirlo otra vez a su antiguo destino por los religiosos que vuelven a habitarlo, acabada la guerra del 36.